En un escándalo sin precedentes, varios médicos están en la mira por la emisión de certificados truchos para licenciar a agentes del Estado, que van desde policías, hasta maestros y mismos integrantes del sistema de salud. Todas estas maniobras, que generaron suplencias en los servicios esenciales, le costaron al Estado 400 millones de pesos.

Por tal motivo, se empezaron a consumar despidos. Por caso, la Junta de Disciplina resolvió por unanimidad la cesantía de la médica Claudia Alejandra Elisandro, quien se desempeñaba en el Hospital de General Roca, por haber incurrido en inasistencias injustificadas a su puesto de trabajo desde el 1 de febrero y hasta el 29 de marzo de 2024.

Así también por haber hecho abandono del tratamiento indicado por la ART Horizonte y, por haber emitido aproximadamente 65 certificados médicos durante el plazo en que usufructuó licencia por accidente de trabajo.

Ahora se conoció un nuevo agravante, el cual da cuenta de la impunidad de la doctora. Puesto que mientras debía ejercer reposo, se fue de vacaciones a las playas de Río de Janeiro, en Brasil, junto a su marido.

Esta información llegó hasta la Redacción por una foto compartida por la misma Elisandro en un estado de WhatsApp, bajo el título de “Disfrutando con mi amor”.

La situación de Elisandro es grave y podría afectar la continuidad laboral de su pareja, un guardiacárcel de la prisión de Roca, que también habría participado en la venta de certificados falsos.

Elisandro se incorporó al hospital roquense poco antes de la inauguración de la sala de Terapia Intensiva Pediátrica en 2019, siendo la primera en ofrecer este servicio en un centro de salud público de Río Negro. Su contrato le prohibía atender fuera del sistema público, pero los certificados llegaron a Recursos Humanos de Policía, Educación y Salud a través de su consultorio privado.

Elisandro y el psiquiatra Norberto Altamirano quedaron expuestos tras la denuncia del gobernador Alberto Weretilneck, patrocinado por el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan.

El gobierno estima que la maniobra costó al Estado 400 millones de pesos por 6.602 días de licencias justificadas con 472 certificados entre diciembre y mayo.

La Justicia investiga la emisión de certificados falsos a través de WhatsApp, sin atención personal. Los médicos y pacientes acordaban los días de licencia y el precio proporcional, con pagos realizados por transferencias desde billeteras electrónicas. Es decir que ni se miraban las supuestas dolencias de los pacientes.